Con base en tres denuncias recibidas en septiembre y enero pasados, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos solicitó al Congreso estatal la formación de causa contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, falsificación de documentos.
En un procedimiento relámpago, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos determinó que hay elementos suficientes para solicitar al Congreso estatal la formación de causa contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que lo despojaría de su fuero y lo pondría a disposición de autoridades jurisdiccionales.
La solicitud de la FECC, presentada el lunes 18, se apoya en dos denuncias presentadas en septiembre de 2021 y otra interpuesta en enero pasado, según informó Proceso en su momento.
Integrados en siete y tres meses, en los expedientes se acusa al exfutbolista de presunto enriquecimiento ilícito, peculado, falsificación de documento y mentir a una autoridad, entre otros delitos. Las querellas fueron interpuestas por el abogado Enrique Paredes y por Gerardo Becerra, un excolaborador del gobierno de Blanco Bravo.
Por lo que atañe al primero de los delitos, la imputación se basa en una serie de transferencias bancarias “no usuales” entre familiares y colaboradores del mandatario por montos que superan los 500 millones de pesos.
Todos esos movimientos ocurrieron cuando Blanco Bravo fue presidente municipal de Cuernavaca (2016-2018) y, de acuerdo con la fiscalía, quienes los hicieron no tienen cómo demostrar que son lícitos, pues superan con mucho sus ingresos declarados.
Los presuntos implicados son, entre otros, Ulises y Ricardo Molina Bravo, dos medios hermanos del mandatario; su propia esposa, Natalia Rezende Moreira; Édgar Riou Pérez, primo de Blanco y su actual secretario particular, así como Jaime Tamayo Godínez, su representante en distintos negocios.
En uno de esos movimientos inusuales, según parte de la denuncia consultada por Proceso, el 30 de enero de 2017 Tamayo Godínez recibió en el banco Santander diversos cheques provenientes de otra cuenta del Banco Mercantil del Norte, con el número 642545624, a nombre de Riou Pérez. Es decir, el primo del gobernador deposita cheques de su cuenta particular a una cuenta a nombre del apoderado legal del propio Blanco. El monto de esas operaciones es millonario.
En septiembre pasado este medio informó sobre varios de esos depósitos de unas cuentas personales a otras en distintos bancos, así como de transferencias que involucraban a empresas “fantasma”. En su defensa, Blanco ha dicho que los elementos exhibidos no demuestran nada, incluso aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo investigó y no encontró delito alguno.
Sin embargo, los denunciantes exhiben una lista de empresas que presuntamente han sido favorecidas en la asignación directa de contratos. Y ponen ejemplo: uno de ellos es el mantenimiento del helicóptero de Seguridad Pública que le cuesta 40 millones de pesos al mes al erario morelense.
Ese servicio fue asignado de manera directa a una empresa de Toluca. No obstante, el Ejecutivo estatal señala que las asignaciones se han hecho con base en la ley.
En el caso de los delitos de falsificación de firmas y mentir a una autoridad, la denuncia más reciente establece que el gobernador Blanco se ausentó de la entidad entre el 17 de diciembre y el 2 de enero pasados para vacacionar en Brasil, país de origen de su esposa. El periodo excedió los 15 días para ausencias temporales, por lo que, según la querella, antes de irse debió designar un encargado de despacho.
Y si bien el acuerdo mediante el cual designó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, como encargado de despacho existe, fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 22 de diciembre, cuando ya su ausencia era un escándalo mediático.
La denuncia establece que ese acuerdo fue elaborado en ausencia del gobernador y, para oficializarlo, se falsificó su firma. A todo ello, Blanco ha dicho que lo firmó en tiempo y forma, en presencia del propio Ojeda Cárdenas y del consejero jurídico, Samuel Salgado.
El proceso en el Congreso
En el proceso para formación de causa al gobernador, la FECC actúa como demandante, el mandatario como demandado y el pleno legislativo como juez. Se presentan pruebas de ambas partes y, de haber suficientes elementos, la mayoría absoluta del Legislativo (50% más 1 de los 20 diputados), Blanco puede ser separado del cargo y quedar a disposición de la fiscalía y de los órganos jurisdiccionales para procesarlo.
El panorama en el Congreso local no es halagüeño para el mandatario. De los 20 legisladores, sólo ocho lo apoyan incondicionalmente. Son integrantes de Morena, PES, PT y Redes Sociales Progresistas; otros 11 son opositores de PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado morenista Arturo Pérez Flores está identificado con Rabindranath Salazar, subsecretario de Gobernación y quien fuera candidato natural a la gubernatura en 2018, finalmente desplazado por el acuerdo Morena-PES, que a la postre le dio la magistratura al exfutbolista. Salazar y Blanco son enemigos desde entonces.
Los votos seguros del gobernador son ocho, mientras que la oposición concentraría entre 11 y 12, lo que le daría la mayoría necesaria para incoar el proceso. A ello hay que sumar que el domingo 17 falleció el diputado Juan José Yáñez Vázquez, quien durante la elección no registró a un suplente, así que será el propio Congreso el que decida quién suplirá su ausencia. Si no lo hace pronto, los opositores sólo necesitarían 10 votos –que ya tienen–, para asumirse como mayoría absoluta.
No es la primera vez que Blanco Bravo es sujeto a un proceso de esta naturaleza. Cuando era presidente municipal se lo inició el entonces gobernador Graco Ramírez, quien tenía entonces el control de la legislatura. El procedimiento nunca llegó a término porque la justicia federal protegió al exfutbolista.
Esto apenas comienza. Pero la oposición apurará los pasos. El miércoles 20 el pleno del Congreso local dio cuenta de las denuncias y las turnó a la Junta Política y de Gobierno que las calificará y tiene máximo 30 días para emitir un dictamen. Si resulta positivo, incoará el juicio de procedencia. A partir de ahí, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que preside el rabinista Pérez Flores, se convertirá en comisión instructora.
Blanco tendrá cinco días hábiles para presentar pruebas de descargo. De ahí, la oposición estará a nada de desaforarlo, destituirlo y ponerlo a disposición de Juan Salazar, exconsejero jurídico de Graco Ramírez en funciones de fiscal anticorrupción.
Por:Jaime Luis Brito
Foto:Rapé
