En junio de 2016 propuse a la Primera Sala de la Suprema Corte reconocer el derecho a la interrupción del embarazo. Desde entonces señalé que para reclamar las normas que criminalizan el aborto no es necesario que la persona esté sujeta a la indignidad de un proceso penal. Exigir que una mujer se embarace o se practique un aborto para cuestionar su prohibición no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional.
En aquel caso, a una mujer se le negó reiteradamente la interrupción del embarazo en un centro médico del Estado, a pesar del alto riesgo que implicaba para su salud. Además, una prueba genética demostró que el producto de la concepción tenía el síndrome de Klinefelter, el cual provoca que no se desarrollen los genitales en la pubertad. Con el fin de reparar la lesión en sus derechos humanos, propuse concederle el amparo contra las normas que criminalizaban el aborto en supuestos en los que las mujeres tienen derecho a decidir.
Lamentablemente, la Primera Sala desechó mi propuesta. La mayoría consideró que para reclamar las normas que penalizan el aborto, es necesario que la mujer esté sujeta a un proceso penal. De lo contrario —sostuvieron— las normas no generan una afectación jurídicamente relevante en sus derechos fundamentales.
Como lo afirmé en esa ocasión, esta decisión privilegió las exigencias procesales sobre el acceso a la justicia. Aunque los requisitos de procedencia son importantes para garantizar la certeza de los procesos judiciales, exigir un acto de aplicación en el caso del aborto implica —en los hechos— que sea prácticamente imposible cuestionar su prohibición y acceder una reparación integral, sobre todo para las mujeres más vulnerables de este país.
Lo cierto es que las normas que penalizan el aborto afectan los derechos de las mujeres por el solo hecho de existir. La criminalización del aborto es discriminatoria y estigmatizante, pues parte de que la mujer debe cumplir con el rol estereotipado de ser madre, y de que sus derechos no son siquiera ponderables frente al producto de la concepción. Su mera existencia reduce a las mujeres y personas gestantes a un instrumento de reproducción, subestima su capacidad para tomar decisiones responsables sobre su cuerpo, inhibe el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y obstaculiza el acceso a un procedimiento digno y seguro. Además, tiene un impacto desproporcionado en la vida de las niñas y mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, pues en los hechos castiga a la pobreza.
Por todo ello, resulta un exceso y un absurdo someter a las mujeres a la indignidad de un proceso penal para que puedan cuestionar la prohibición del aborto.
Afortunadamente, el pasado 21 de junio la Primera Sala rectificó su criterio. Así, sostuvimos que la sola calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar la inconstitucionalidad de las normas que penalizan el aborto, pues su mera existencia puede comprometer el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, vida, salud, no discriminación e integridad personal, ya que refuerzan el estigma en su contra. Además, tales normas pueden disuadir a los profesionales de salud de brindar este servicio.
A partir de ahora, nadie tiene que someterse a las consecuencias de un proceso penal para cuestionar la prohibición del aborto. Ninguna mujer tiene que enfrentarse a la amenaza de la cárcel, ni a la clandestinidad, para reclamar sus derechos. Este criterio, que robustece la protección del derecho a decidir reconocido por la Corte hace dos años, es un parteaguas para los derechos sexuales y reproductivos y un paso decisivo para cimentar la igualdad de género en este país.
Las mujeres llevan décadas luchando contra las estructuras que les imponen un único modelo de vida, y que las castiga por desafiarlo. Un sistema que las acusa por buscar libertad y las condena por aspirar a vivir una vida plena, en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer sus derechos, en la que estén exentas de violencia y puedan autodeterminar su destino. Su anhelo es conquistar una sociedad en la que todas las personas seamos iguales en dignidad y derechos. Hoy, gracias a todas ellas, estamos un poco más cerca de ese anhelo. Ni un paso atrás.
Por Arturo Zaldívar
