El aprendizaje de la cultura castrense de Andrés Manuel López Obrador comenzó el día que conoció cómo la sumisión hecha pasar como disciplina, le daba manga ancha para hacer de las fuerzas armadas cuanta ocurrencia tuviera en mente. ¿O cómo explicar que en este sexenio los militares lo mismo reparten vacunas, que vigilan el aeropuerto de la CDMX, que la hacen de policías de caminos? Neófito sobre los usos y costumbres de la milicia mexicana, el presidente de la república pensó que podría navegar con su discurso de llegar a la verdad sobre lo ocurrido detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin que la cúpula militar se inconformara por el curso que tomaron las investigaciones en el último año.
En el medio militar se sabía de tiempo atrás que era cuestión de tiempo para que comenzaran a aparecer indicios poco conocidos de la intervención de militares durante lo sucedido la noche del 26 y madrugada 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Era evidente que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, se volvió una piedra en la bota castrense después de la presentación del informe en agosto pasado que ponía en la mira por primera vez de manera muy tenue a los responsables de la cadena de mando entre oficiales y jefes de los batallones 41 y 27 de infantería de Iguala, y al titular de la 35 zona militar de Chilpancingo.
Diversas fuentes coinciden en que la molestia castrense se tradujo en una presión para que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistiera de la acción penal contra 20 militares sin que se llegara a perfilar llamar a cuentas al militar de más alto rango señalado en el caso, el general de división retirado Alejandro Saavedra Hernández, quien estuvo al frente de la 35 zona durante los acontecimientos y era el superior inmediato de los oficiales y jefes de los batallones 41 y 27.
La importancia del papel castrense durante lo ocurrido la noche de Iguala, no se supedita a la omisión o participación que pudieron haber tenido en los hechos sangrientos. Se trata sobre la manera en cómo enfrentaban dos factores de la agenda de seguridad nacional: las mafias del crimen organizado incrustadas en el poder político local, y los movimientos subversivos con sus posibles “células durmientes” infiltrados en los grupos estudiantiles. El que se conocieran detalles de la información de ambos, las operaciones encubiertas, y los posibles vínculos de militares con los jefes regionales del crimen, ha sido motivo de preocupación del alto mando castrense desde el sexenio pasado.
Diversas fuentes refieren que de tiempo atrás existe un pacto no escrito al interior del Ejército entre oficiales Diplomados de Estado Mayor (DEM). Hay episodios en la historia reciente del Ejército que demuestran cómo se cubren las espaldas unos a otros. La opinión interna es que quienes pagan los “platos rotos” suelen ser oficiales que no son DEM o de menor jerarquía. Llama la atención que el militar de más alto rango detenido por el caso Ayotzinapa, el brigadier José Rodríguez Pérez ex comandante del 27 de infantería, quien es DEM, agradeciera en una entrevista el “apoyo institucional” que recibía en su caso.
