La secretaría general del Legislativo señala en su segundo punto de la agenda de la sesión: «Juicio político en contra del presidente constitucional de la República, Guillermo Alberto Santiago (Lasso) Mendoza, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de conformidad con la Resolución RL-2021-2023-162».
La primera de las dos jornadas del Pleno legislativo para este trámite iniciará a las 10:00 horas (tiempo local), a la cual fueron convocados los 137 integrantes del órgano legislativo ecuatoriano, entre ellos Viviana Veloz, de la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSP).
Se acusa a Lasso de no haber suspendido un contrato entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, para el transporte del crudo ecuatoriano, pese a que fue advertido de que era lesivo al país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
La defensa del mandatario alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo en mayo de 2021.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 142, si en las comisiones no se alcanza la votación requerida a favor del informe presentado, este pasará a conocimiento del pleno, donde se necesitarán 70 votos para continuar el proceso de enjuiciamiento.
De lograrse ese total de voluntades, se debe convocar a una nueva sesión para votar a favor o no de la censura y destitución del presidente.
El jefe de Estado será sancionado con un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.
El presidente Lasso ha reiterado que, de no contar con los votos para continuar en el cargo, llamaría a la «muerte cruzada», una herramienta constitucional que le permite disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, y también da la posibilidad al órgano legislativo de invocar este mecanismo, para poner fin al mandato presidencial.
