El día del aniversario de la Constitución, el presidente dio a conocer 20 propuestas de reformas a la Carta Magna y a leyes secundarias, las cuales son de orden social, político y económico. En materia económica destacan algunas iniciativas de las que vale la pena analizar su alcance y viabilidad: reformas que tratan la materia de pensiones, aumentos del salario mínimo, consumo de recursos acuíferos, en el ámbito del sector eléctrico, la minería, el cultivo de transgénicos y la eliminación de organismos reguladores del mercado. Son modificaciones que tienen múltiples repercusiones más allá de su objetivo expreso.
En el tema de pensiones se propone que los trabajadores reciban 100% de su salario tras retirarse con más de 65 años. Ciertamente, el actual esquema del ahorro para el retiro queda a deber en el sentido de reportar tasas de reemplazo relativamente bajas. La propuesta, sin embargo, tendría un tope, ya que en el monto que se puede recibir no debe superar el del salario promedio registrado ante el IMSS, que actualmente equivale a 16 mil 777.68 pesos. El problema, como ya se advierte, es cómo se pretende financiar la cantidad de recursos que implica la propuesta, ya que en principio se propone un fondo semilla por 64 mil 619 millones de pesos alimentado por la eliminación de organismos autónomos, fideicomisos y otras fuentes, varias de ellas no replicables en el tiempo.
Los análisis preliminares indican que los recursos del fondo serán insuficientes, especialmente conforme el número de jubilados que alcancen ese nivel de pensión se incremente; estimaciones de Conapo indican que la población elegible para pensiones pasará de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050, lo que implica una creciente necesidad de recursos para financiar la propuesta presentada.
En lo referente al salario mínimo, se propone que se establezcan aumentos de al menos el incremento de la inflación, con el propósito de preservar el valor actual de los salarios. Cabe destacar que durante el sexenio se han registrado aumentos por encima de la inflación, situación que evidentemente es positiva para los empleados formales; sin embargo, tácitamente la iniciativa fija como referente para el aumento de salarios a la inflación; además, queda sin abordar la problemática de la baja productividad.
Otra propuesta es proteger los recursos acuíferos, priorizando el consumo humano frente a los requerimientos de las actividades productivas y agropecuarias, cuestión importante para combatir la escasez de agua que se ha observado, no otorgando concesiones a empresas en zonas con bajas cantidades de agua disponible. De acuerdo con Conagua, el porcentaje de áreas con sequía (moderada a excepcional, d1 a d4) es de 60.45% al cierre de enero, 15.8 puntos porcentuales mayor a la misma fecha de 2023, por lo que sí es una preocupación justificada. México es uno de los países con mayor consumo de agua para uso industrial en América Latina; en 2020 representó 3.07% del total nacional, por lo que esto podría ponerle un freno a la economía, incluyendo fenómenos como la relocalización, que también dependen de este recurso, lo cual implica limitaciones de localización.
La propuesta en el ámbito energético es darle mayor protagonismo en el mercado al sistema eléctrico nacional, regresando a la CFE el estatus de “empresa pública de Estado”, con prioridad sobre las demás participantes, prohibiendo que suscriba contratos con empresas privadas, y dejándole la responsabilidad de garantizar el servicio a la población. Evidentemente, con ello se reduce la competencia en el mercado y desincentivaría la inversión privada en el sector. La competencia provoca mayor abastecimiento, menores costos e innovación, por lo que esta reforma es poco intuitiva y desincentiva la competitividad; si a ello agregamos la desaparición de órganos reguladores del mercado, el retroceso será evidente.
La realidad a estas alturas del sexenio marca que no hay condiciones propicias para que las iniciativas sean aprobadas por el Congreso. Si bien las relacionadas con el salario mínimo, la crisis hídrica, los cultivos transgénicos, la explotación de minas y la extracción de hidrocarburos mediante fracking tienen un margen de acción más amplio, su politización, dados los tiempos electorales, también las pone cuesta arriba. Sin duda, las propuestas requieren de un análisis profundo, donde se pueda realmente ver las consecuencias que pueden generar, para bien y para mal. No es una decisión que deba tomarse apresuradamente.
