Prisión preventiva, el debate público que subestima la justicia

La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la figura de prisión preventiva oficiosa marcará históricamente nuestro compromiso -o la falta de éste- con los derechos humanos.

En México el 40% de las personas en prisión no cuentan con una sentencia y 14% más no tienen una sentencia definitiva (Inegi, 2021). Es decir, más de la mitad de las personas en las cárceles están ahí sin que estemos seguros de que son delincuentes.

Durante décadas nuestro sistema de justicia se enfocó en la privación de la libertad como castigo, el probable responsable llevaba su juicio casi siempre en prisión preventiva porque el Código Penal contemplaba un extenso catálogo de delitos que lo ameritaban. En el 2008 se reformó la Constitución para crear el Sistema Penal Acusatorio que privilegia la libertad de las personas, señala el derecho a contar con una defensa adecuada y propone medios alternativos para la solución de controversias.

Al mismo tiempo que la reforma privilegió la libertad, también se definieron mecanismos para que los imputados sí se sujeten a sus procesos penales (evitando riesgos de fuga u obstrucción de la justicia), y por ello la Constitución establece una serie de medidas cautelares que van desde la firma periódica ante el juez, hasta el uso de brazaletes electrónicos, prisión preventiva justificada, entre otras. La definición de estas medidas cautelares corresponde al juez a partir de la investigación que acredite la fiscalía y los argumentos que presente la defensa.

Al mismo tiempo que la reforma privilegió la libertad, también se definieron mecanismos para que los imputados sí se sujeten a sus procesos penales (evitando riesgos de fuga u obstrucción de la justicia), y por ello la Constitución establece una serie de medidas cautelares que van desde la firma periódica ante el juez, hasta el uso de brazaletes electrónicos, prisión preventiva justificada, entre otras. La definición de estas medidas cautelares corresponde al juez a partir de la investigación que acredite la fiscalía y los argumentos que presente la defensa.

La actual administración impulsó una reforma constitucional que amplía significativamente los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Tanto la ONU como la CIDH han solicitado a México a reconsiderar la figura de prisión preventiva oficiosa ya que se ha demostrado que el uso de esta medida no disminuye los niveles de violencia y sí viola los derechos humanos.

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