Por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra las finanzas públicas de Tamaulipas, las autoridades de México y Estados Unidos tienen listas las órdenes de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. En su expediente criminal se da cuenta de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos por 48.5 millones de pesos, entre 2013 y 2019. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos
Autoridades de México y de Estados Unidos tienen listas y a la mano las órdenes de aprehensión para ejecutarlas en contra del gobernador panista por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le imputan vínculos con cárteles de México y de Colombia y que, en el caso mexicano, habría negociado con el grupo criminal de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y que ante su aprehensión y encarcelamiento en Estados Unidos son sus hijos Los Chapitos quienes quedaron al frente de dicha organización criminal.
Un grueso expediente contra el actual gobernador tamaulipeco describe detalladamente las empresas fantasmas que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca, los nombres de todos sus cómplices; los familiares involucrados, que incluyen a esposa, padres, hijos, hermanos; las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio; los múltiples viajes realizados al extranjero, así como intrincadas operaciones financieras que permitió al mandatario panista acumular cientos de millones de pesos por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico y cuyo recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen.
En las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciadas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República –hace tres años y medio–, participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras áreas especializadas de la propia Fiscalía.
En el amplio expediente se explica que “el actual gobernador del estado de Tamaulipas realizó operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos –que de acuerdo con sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 recibió ingresos totales por 48.5 millones de pesos–, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, prácticamente derivados de la delincuencia organizada, así como del desvío de recursos públicos”.
Entre los puntos destacados del expediente, está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos familiares acumularon 30 propiedades: 18 en México y 12 en Texas, Estados Unidos, por un monto aproximado de 160 millones de pesos. Los involucrados en la propiedad de esos inmuebles son el gobernador y su esposa Mariana Gómez Leal; su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; su papá Manuel García Uresti; su suegro José Ramón Gómez Reséndez; sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; la esposa de Ismael, Evelyn Aimmé Rodríguez Garza. Además, en la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR de RL, son accionistas varios integrantes de esta familia.
Como principales cómplices del mandatario tamaulipeco aparecen los supuestos empresarios Juan Francisco Tamez Arellano, Baltazar Higinio Reséndez y Juan Helú García, este último claramente identificado como operador financiero del Chapo Guzmán y quien utiliza varios seudónimos y registros fiscales: Manuel Rodolfo Trillo Hernández (RFC: TIHM590715), Manuel Garza Espinoza (GAEM600607) y Ladislao Vázquez López (VALL591217).
En el caso de Juan Helú García, la indagatoria revela que fue denunciado e incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF, y la razón es porque “está identificado que funge como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo”.
Debido a lo anterior, señala el análisis elaborado por autoridades financieras, existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, procedan de la delincuencia organizada y sólo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos, de lo cual destaca que dichos recursos fueron utilizados para realizar la adquisición de un departamento por parte de la empresa T Seis Doce, SA de CV, para el gobernador García Cabeza de Vaca.
