El peso del crimen en el proceso electoral

Ante violencia electoral, no son las mayorías las que están decidiendo, sino el miedo y la anulación de la alternativa.

Eunice Rendón

En el contexto de inseguridad que existe hoy en nuestro país, la violencia política se presenta como una forma más de desestabilización. Como si no bastaran las habituales malas prácticas arraigadas en la cultura política de México, el crimen amenaza con lastimar aún más a nuestra democracia. No me refiero aquí a cualquier tipo de violencia política, que puede ir desde la difamación de un candidato con fines políticos, sino a formas más graves, como la amenaza, el secuestro o el asesinato de funcionarios públicos, candidatos o precandidatos, realizado por grupos organizados, con la finalidad de modificar las estructuras de poder.

La finalidad de los ataques no es necesariamente acabar con la vida de los contendientes, sino desincentivar su participación política, cuando esta pone en riesgo intereses o acuerdos vigentes del crimen con las autoridades en turno. Respalda esta hipótesis el hecho de que, según las estadísticas, los candidatos que se encuentran en territorios de mayor vulnerabilidad y ocupación criminal son los más propensos a este tipo de actos.

La violencia política homicida no es algo nuevo en México, sin embargo, vale la pena destacar algunos datos. De acuerdo con Etellekt, en 2018 se cometieron 774 agresiones contra políticos. Según Data Cívica, las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235.7% de 2018 a 2023, con un registro de 1,657 ataques —incluyendo asesinatos, atentados y amenazas dirigidas a personas relacionadas con la política— hasta enero del 2024. Finalmente, por lo que toca al presente periodo electoral, desde el 1 de julio de 2023 —mes en que arrancaron informalmente las precampañas federales— hasta el 15 de febrero de 2024, Dataint había registrado 73 asesinatos de personas potencialmente vinculadas a la contienda política.

Son varios los factores que hacen de 2024 un año sensible para la violencia electoral. Por un lado, nos encontramos ante una importante crisis de inseguridad y ante una diversificación cada vez mayor de las actividades de los grupos criminales; por otro lado, tendremos una elección histórica en la que se disputarán más de 20,000 cargos y; por último, la visibilidad que han cobrado ciertas figuras, derivado de que se han adelantado los procesos electorales mediante campañas y precampañas anticipadas. Todo ello sienta las condiciones para que este año electoral sea particularmente complejo. Y si bien no es posible anticiparse a la dimensión que cobrará este tipo de violencia en los meses previos a las elecciones, las cifras de homicidios de figuras relacionadas con la política ya conocidas hasta el momento, son motivo suficiente para despertar preocupación.

El fenómeno de la violencia político electoral afecta a todos los partidos sin distinción, se relaciona principalmente con las dinámicas y contextos delictivos en el territorio. En ese sentido, cabe resaltar que es un asunto que se da principalmente en el ámbito local; la gran mayoría de las víctimas competían por cargos municipales en sitios donde la presencia de cárteles, las pugnas por el territorio y la falta de gobernabilidad son patentes.

Una democracia sólida debe asegurar el desenvolvimiento pacífico de la lucha por el poder. Cuando nos encontramos frente a la violencia electoral, no son las mayorías las que están decidiendo, sino el miedo y la anulación de la alternativa. Ante este panorama, es imperativo que el Estado mexicano proteja a las y los candidatos al tiempo de asumir con determinación la tarea de combatir a las organizaciones criminales, atacando sus fuentes de financiamiento, desmantelando sus redes de inteligencia y disminuyendo su base social. Es crucial implementar medidas que aseguren la independencia de los organismos encargados de velar por elecciones libres y competidas; que los partidos políticos se hagan cargo de la responsabilidad que les corresponde como representantes de la voluntad ciudadana en el ejercicio del poder y que se asegure la no injerencia del crimen organizado en los procesos democráticos.

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